Por Luis González Fabra
El linchamiento es una acción inquietante sin importar quien la realice ni en contra de quien se haga.
Es hacerse justicia por sus propias manos. Y eso no está bien.
Cuando un colectivo acude al linchamiento para hacerse justicia por sí mismo es, obviamente, porque ha perdido la confianza en la institución judicial responsable de administrarla.
A la práctica del linchamiento se le atribuye un origen racista. Se inició esta práctica en los Estados Unido a final del siglo diecinueve. Su nombre proviene de Charles Lynch.
Este personaje era un productor de algodón de Virginia, hijo de inmigrantes irlandeses. Nació en 1736. Era coronel virginiano. Perseguidor implacable todo aquel que resultara sospechoso de ser leal a la corona británica durante la guerra de independencia de Estados Unidos.
Ocurrió que Lynch, que era oficial de la milicia, junto a varios jueces descubrió un grupo de personas sospechosas de estar tramando un levantamiento a favor de los ingleses en el sudoeste de Virginia. Todos fueron apresados. Se les llevo ante un jurado que los declaro inocentes de los cargos que le atribuían. Entonces Lynch ordeno la ejecución de todos los sospechosos.
El arbitrario sistema creado por la orden de Lynch siguió siendo utilizado para ejecutar a los negros que los tribunales se negaban a juzgar por no considerarlos personas sino cosas.
Se estima que más de cinco mil personas fueron linchadas durante la Guerra de Secesión (1861-1865) acusadas de supuestos crímenes. Turbas enardecidas le quitaban la vida a inocentes y culpables por igual sin darle la oportunidad a un proceso legal ordinario.
En Estados Unidos actualmente el linchamiento está tipificado como un delito federal que se comete cuando “una masa de personas se reúne con el propósito predeterminado de infligir actos violencia contra otras personas sin proceso legal con resultado de muerte.
Mahatma Gandhi, el gran pacifista, dijo en cierta ocasión que “ninguna provocación puede justificar la brutal matanza de hombres impotentes y a merced de la multitud.”
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La incapacidad de nuestro sistema judicial para atrapar y juzgar a delincuentes comunes que cometen crímenes y son atrapados en el mismo momento de cometer el delito ha hecho que las gente decida tomar la justicia en sus manos llegando a “linchar” personas que debieron ser sometidos al debido proceso de ley, como corresponde en cualquier sociedad civilizada donde prevalezca un estado de derecho.
Lo ocurrido en Pedernales es lo que mejor ejemplifica lo que estamos diciendo estas líneas.
Ese pueblo fronterizo es considerado uno de los pueblos más tranquilo y pacífico de nuestro país.
Sin embargo, la falta de acción a tiempo de las autoridades para apresar a quienes la población acusa de dar muerte a una pareja conocida como dos personas de bien dedicadas a su trabajo, condujo a la ira colectiva de la comunidad que se expresó amenazando con sacar mediante la violencia a los nativos de Haití residiendo en Pedernales.
La incapacidad de las autoridades para evitar que los supuestos culpables huyeran a refugiarse en Haití, país que ahora pone trabas para retornar a su nacional para ser sometido a juicio en los tribunales dominicanos, determino que los pedernalenses quisieran aplicar la ley de Lynch en su territorio.