Por Mario Eduardo Aguilera Goris
Abogado
Si me disculpa, señor Presidente, pero he quedado pasmado al ver como se ponía en marcha el poder punitivo del Estado en contra del ciudadano Carlos Feliz Puntier, por el mismo, según publicó en la prensa, haberle llamado “traidor” al comentar en un video publicado en las redes sociales sobre el caos de la migración de los nacionales de la hermana república haitiana a nuestro país.
Me disculpa, señor Presidente, pero es que acaso ha escapado de su gobierno que nuestra República se concibe como un Estado Social y Democrático de Derecho, mismo que manda a que los ciudadanos sean partícipes en la formación de la voluntad política del Estado, que se respete la dignidad y derechos fundamentales de estos en plena igualdad, tal como manda el Artículo 7 de la Constitución.
Y acaso, señor Presidente, la difusión y expresión del pensamiento no hace parte de lo expuesto anteriormente, un derecho, por demás fundamental, que incluye un ejercicio de participación política y social. Ciertamente, señor Presidente, el derecho a la libertad y difusión del pensamiento es un pilar de la participación de los pueblos en el desarrollo de sus sistemas políticos, sociales y culturales. Con la dinámica que reviste este derecho, la sociedad participa vivamente en la administración del patrimonio del Estado, de tal manera, que sin esta participación libre y activa no podríamos hablar de democracia.
Discúlpeme, señor Presidente, pero este rol activo es de imposible cumplimiento en el momento en que se coarta la libertad de debatir abiertamente temas de interés público. Esto así, señor Presidente, porque la pena o, en el caso de especie, el solo enjuiciamiento tiene una función disuasoria, que se traduciría para el derecho en cuestión en una clase de censura previa, afectando directamente la participación ciudadana en el debate de temas que nos conciernen y afectan a todos, como el de la migración descontrolada que, indudablemente, existe hoy en día.
En ese sentido, señor Presidente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales no sería posible si no se garantiza un goce pleno del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. De esta forma, se ha señalado que “todos los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten”.
Y me disculpa, señor Presidente, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entienden que el derecho en cuestión no solo protege las ideas e informaciones recibidas favorablemente, sino también de las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Bajo este entendido, se cumple con los principios de pluralismo y tolerancia propios de los regímenes democráticos, ¡Democráticos, señor Presidente!
Incluso, señor Presidente, nuestro Tribunal Constitucional ha postulado que las difamaciones o injurias en contra de funcionarios públicos no serán penalmente relevantes salvo en los casos en que afecten la dignidad e intimidad de estos en sus vidas privadas. Esto así, ya que el control por parte de la ciudadanía de las acciones de funcionarios públicos ejecutadas en un ámbito estrictamente privado, en nada contribuye a que los dominicanos puedan ejercer de forma eficaz du derecho de crítica y supervisión sobre las cuestiones de interés público. Para mayor análisis refiérase, señor Presidente, a la sentencia número TC/0075/16, del Tribunal Constitucional.
Discúlpeme señor Presidente, pero sinceramente espero que la persecución penal, al menos en su gobierno, no sea usada de forma desproporcional e irracional. Tengo mis más altas esperanzas puestas en que sea usted un hombre verdaderamente demócrata, respetuoso de sus ciudadanos y de la vida republicana. Tengo toda mi fe puesta en que desde Palacio se buscará la corrección de situaciones tan penosas como el arresto y enjuiciamiento del ciudadano de a pie, Carlos Feliz Puntier, y se mandará la “línea” de que tal situación no tendrá lugar mientras usted esté en la presidencia.
Y me disculpa, señor Presidente.